A la cárcel tres de los siete capturados por urbanización ilegal en San Gil

2018-03-26

Hacia las 4:30 de la tarde de ayer, 26 de marzo, la Juez Tercero promiscuo municipal de San Gil actuando como Juez de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario contra Rosembert Alberto Gélvez Muñoz, Mauricio Hernando Lozano Vesga y Rosemberg Rojas Pérez. A los demás integrantes de la junta directiva de la Asociación de vivienda Álvaro Uribe: Jefferson Alexander Arguello Carreño, Alonso Rodríguez Castillo, Expedito Acelas Mejía y Sergio Dueñas Arenas se les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad. 

Recordemos que a los mencionados ciudadanos se les investigar porque promovieron y prometieron lotes, viviendas y apartamentos en venta de los proyectos Nueva Baeza y Altos de Santa Cruz, en San Gil. Proyectos que no se ejecutaron pese a haber recibido dineros por más de 7 mil millones de pesos de unas 500 personas que se ilusionaron con tener vivienda propia. 

A los capturados se les investiga así: Rosembert Alberto Gélvez, presidente de la junta directiva de la asociación de vivienda; Mauricio Hernando Lozano Vesga, vicepresidente; Rosemberg Rojas Pérez, tesorero y vendedor de proyectos; y Alonso Rodríguez Castillo vendedor de lotes y recaudador de dinero, se les imputó los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. A Jefferson Alexander Arguello Carreño, vendedor de lotes y recaudador de dinero y Sergio Dueñas Arenas, el delito de estafa agravada, y a Expedito Acelas Mejía se le imputa el delito de urbanización ilegal.

Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer que un mismo lote fue vendido hasta tres veces a diferentes personas; y que los proyectos de vivienda ofrecidos no contaban con los permisos de ley. Preliminarmente, se calcula que la defraudación a las víctimas superaría los $5.000’000.000.

Durante las indagaciones se conoció que la asociación de vivienda fue creada a finales de 2010, y usaba distintos nombres para generar mayor credibilidad y confianza entre los compradores, a quienes presuntamente también les prometieron facilidades para acceder a los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Sobre el caso habla Raúl Gómez Quintero, quien hasta ayer fungió como apoderado de las víctimas.

El abogado también da a conocer los argumentos de la Juez para dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Una de las víctimas, María de Teleki, confía en la investigación que adelanta la Fiscalía tanto contra los capturados como las demás personas que faltan por vincular al proceso.

Añade el abogado Gómez Quintero que está pendiente la investigación contra Planeación y Jurídica municipal, las notarías y otras personas que están vinculadas al caso. La siguiente audiencia sería de acusación para éstas siete personas se daría para mitad de año para que el fiscal determine cuáles son las acciones y circunstancia en que se dieron los delitos.