La procuraduría general de la nación suspendió e inhabilitó por ocho meses al ex alcalde de Charalá Fabio León Ardila.

2018-04-17

La Procuraduría Provincial de San Gil evidenció que el exfuncionario permitió que en las instalaciones del concejo, Óscar Fernando Moscoso, un tercero sin vínculo contractual, asesorara y orientara a los servidores en temas como derechos de petición, procesos contractuales y acciones judiciales, representando, incluso, al alcalde en sesión del concejo municipal rindiendo su informe de gestión.

En reunión donde se trató el tema de la acción popular respecto a los predios de propiedad de la empresa Avifonce, Moscoso asumió compromisos en nombre del municipio de Charalá sin mediar relación laboral, facultades, ni poder alguno para actuar en representación del ente territorial.

Con estas conductas León Ardila vulneró el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 que en su numeral 31 prohíbe “Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad”.

La falta del disciplinado se calificó como grave cometida a título de dolo, toda vez que se evidenció que León Ardila actuó en forma consciente y voluntaria al asignar en el 2012 un espacio a Moscoso Bravo en la alcaldía, cuando debió delegar esa función en los cuatro secretarios del despacho o en la tesorera, servidores con los que contaba la administración municipal de Charalá para ese momento.

El exmandatario municipal incurrió en falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.

Contra esa decisión León Ardila interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Regional Santander.