Los capturados por urbanización ilegal en San Gil no se allanaron a los cargos

2018-03-23

En el día de ayer se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra Rosemberg Gelves Muñoz, representante legal de la Asociación de Vivienda Álvaro Uribe y seis personas más, investigadas por la presunta comisión de los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada. En dicha audiencia se conoció que dicha Asociación fue creada en septiembre de 2010 para fomentar y contratar la construcción de vivienda de interés social. A través de ella se compraron dos lotes con escrituras del 2011 y 2012, para el proyecto de vivienda Ciudadela nueva Baeza y se promovió la venta de 353 lotes en el 2013.  Luego, en el 2013 negoció un lote con escrituras del 2015. Se realiza una escritura de noviembre de 2012 con la que se englobaron los tres lotes y se promueven  los proyectos de vivienda Ciudadela Nueva Baeza y Altos de Santa Cruz, pero  desde el 2010 ya habían iniciado la venta de lotes sin urbanismo, ni licencia de construcción. 

Se aclaró que el programa de vivienda gratuita VIPA del gobierno nacional certificó que no tiene conocimiento de proyectos de vivienda que se hayan desarrollado en los municipios de San Gil y Pinchote para los años 2010 a 2015. La Secretaría de planeación de San Gil expidió una resolución de diciembre de 2014 y por medio del a cual se aprueba la construcción de un edificio de 10 pisos para 89 unidades habitacionales.  Ofreció lotes de 60 metros cuadrados por un valor de 12 millones de pesos, luego revendidos a 16 millones de pesos y luego reducidos los lotes a 50 metros cuadrados, para construir más torres de apartamentos a un valor cada uno de 65 millones de pesos, cuando ya se suponía que estaban vendidos los lotes. De estos proyectos solo se construyeron 21 casas en obra negra y 10 casas en obra blanca.

Sumando a ello el señor Rosemberg Gelves Muñoz conformó, como único socio, la Constructora Granco SAS a mediados de 2012 para construir las viviendas de interés social, compra y venta de bienes inmuebles y maquinaria y equipo s para la construcción. A través de ella vendió lotes de los dos proyectos de vivienda mencionados. Camacol certifica que la Constructora no está registrada a enero de 2018.

Por todo lo anterior se les investiga por urbanización ilegal por no contar con permisos ni licencias ni demás documentos necesarios, y además se les imputa el delito de estafa agravada por cuando captaron dineros, unos 7 mil millones, prometiendo venta de lotes y construcción de viviendas sin que a la fecha se hiciera la entrega de escrituras ni entrega material de los lotes.  

En la audiencia los siete integrantes de la junta directiva de la Asociación de vivienda Álvaro Uribe, no se allanaron a los cargos. Sobre dicha audiencia nos habla el abogado de las víctimas Raúl Gómez Quintero. De igual forma el abogado Gómez Quintero menciona la pena a la que estarían expuestas estas siete personas capturadas. 

Teniendo en cuenta que son más de 500 las personas las víctimas, pero no todas están dentro del proceso para su reconocimiento como tal, el abogado hace un llamado a las demás víctimas.

Hoy, 23 de marzo continuará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento preventiva, en el Palacio de Justicia de San Gil a las 8 de la mañana.