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Didier Tavera no aceptó cargos por corrupción en Corte Suprema

Diego Suárez

Diego Suárez

Director de Periodismo

#Justicia ➡️ En el juicio que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Santander, Didier Tavera Amado , por presuntos hechos de corrupción en el contrato del PAE en 2016, el fiscal del caso lo acusó por los delitos de peculado y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales en la modalidad de concurso homogéneo y heterogéneo.

Didier Tavera Amado, exgobernador de Santander, es investigado por el contrato del PAE donde el contratista paso facturas de cobro por tamales a 30.000 mil peso y por la compra de alimentos a una empresa de grúas que opera en el sur del país.

Cabe recordar por este caso, Germán Trujillo Manrique , conocido como el ‘Zar del PAE’ en Santander, fue condenado a más de tres años de cárcel y tras llegar a un acuerdo con Fiscalía devolvió $2.282 millones que irregularmente se había apropiado con facturas falsas del contrato del PAE firmado en el gobierno de Didier Tavera Amado.

La Corte Suprema de Justicia ordenó en el 2022 el embargo de un lujoso apartamento en Bucaramanga del exgobernador Didier Tavera como medida cautelar en medio de esta investigación por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en un millonario contrato del PAE firmado con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones de propiedad de Germán Trujillo.

“Didier Tavera Amado, frente a los anteriores hechos, conocía que su decisión era contraría derecho, pues no se debía direccionar los requisitos en la licitación para que ganara a quien se contrató y mucho menos permitir que se perdieran los recursos públicos en favor de terceros, además, conscientemente no ejerció el debido control y vigilancia en la delegación que efectuó para la celebración del contrato 601 de 2016, encontrándose dentro de sus obligaciones”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía contra el exgobernador de Santander.

Dice la Fiscalía que el acusado (Didier Tavera) con su actuar lesionó el bien jurídico de la administración pública, afectando el principio de prevalencia del interés general, moralidad, eficacia, al no obrar con imparcialidad, pulcritud, y transparencia en su gestión.

FUENTE BLU RADIO

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