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Más del 50% de los aspirantes no consiguen ingresar a las universidades públicas.

Inyer Afanador

Inyer Afanador

Periodista Digital


El Gobierno colombiano ha promulgado el Decreto 2271 de 2023 con el fin de avanzar en la gratuidad de la educación, estableciendo pautas para su implementación en programas de pregrado en instituciones públicas. El objetivo principal es eliminar las barreras de acceso y garantizar la continuidad educativa, fomentando la equidad tanto poblacional como territorial. A pesar de que la gratuidad se considera crucial para el progreso del país, persisten desafíos que requieren soluciones efectivas.

De acuerdo con Diego Mazo, rector del CEIPA y experto en educación, el sistema educativo enfrenta tres problemas fundamentales que no han sido abordados adecuadamente en el desarrollo de la ley de Gratuidad en Colombia. Estos desafíos comprenden limitaciones en la cobertura para satisfacer la creciente demanda de estudiantes, la falta de recursos o su disparidad en las instituciones de educación superior (IES) públicas a nivel nacional, y la falta de pertinencia educativa frente a las necesidades actuales del mundo y del mercado laboral.

Un reporte del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, basado en datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación, ha revelado que el 52% de los aspirantes a ingresar a instituciones de educación superior públicas no logran asegurarse un cupo.

Diego Mazo plantea dudas sobre si la nueva ley realmente promoverá la equidad o, por el contrario, intensificará la desigualdad en el acceso a la educación. «Es evidente que en los últimos años ha habido una disminución en los resultados de los estudiantes de 11 en las Pruebas Saber, y esto se acentúa aún más si comparamos las instituciones privadas y públicas o las ubicadas en áreas urbanas y rurales, lo que limitaría el acceso para las poblaciones que estudian en estos lugares», comenta. Además, señala que esta ley podría ejercer una presión aún mayor sobre las instituciones públicas al no contar con una cobertura suficiente.


Las universidades públicas en Colombia se financian mediante aportes directos del gobierno y la generación de recursos propios. No obstante, la fórmula establecida por la Ley 30 de 1992 no ha logrado incrementar las transferencias nacionales, lo que resulta en un desajuste presupuestario que impacta negativamente en la calidad educativa, la infraestructura y otros aspectos relacionados con el gasto universitario.

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