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Motivos por los cuales la Corte Constitucional ha disminuido el número de semanas de cotización requeridas para las mujeres: explicación de cómo se implementará esta resolución

Inyer Afanador

Inyer Afanador

Periodista Digital


En caso de que la medida no se cumpla antes del 1 de enero de 2026, las semanas de cotización se reducirán de 15 en 15 cada año hasta alcanzar un total de 1,000 semanas.

La Corte Constitucional ha resuelto modificar el requisito que exigía a las mujeres tener al menos 1,150 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de los fondos privados.

El artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que establece el sistema de seguridad social integral, indica que «los afiliados que, a los (…) 57 años de edad, si son mujeres y no han alcanzado a generar la pensión mínima según lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en virtud del principio de solidaridad, les complete la parte que falte para obtener dicha pensión».

La Corte Constitucional ha decidido declarar inexequible la expresión «y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1,150)», en relación con los efectos para las mujeres.


Además, la entidad decidió postergar su determinación hasta el 31 de diciembre de 2025, para que tanto el Congreso como el Gobierno Nacional adopten «medidas afirmativas que compensen las condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y que impiden que puedan realizar contribuciones».

Asimismo, indicaron que si al finalizar el plazo no se han implementado las medidas, a partir del 1 de enero de 2026, el requisito mínimo de semanas cotizadas exigido a las mujeres según la Ley 100 de 1993 «se reducirá en 15 semanas cada año hasta llegar a 1,000 semanas».


Según la Corte, esa disposición vulneraba los derechos fundamentales de las mujeres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) en dos aspectos:

Igualdad: «debido a que preveía un trato idéntico entre hombres y mujeres y no incorporaba un enfoque de género que reconociera la discriminación estructural a la que las mujeres se han enfrentado en el mercado laboral, así como en el sistema pensional».

Seguridad social: «porque la ausencia de una medida con enfoque diferencial y de género para acceder a la pensión mínima de vejez ponía en riesgo la posibilidad de que las mujeres alcanzaran una mesada pensional que garantizara la satisfacción de sus necesidades básicas durante la vejez».

La Sala enfatizó que la igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es un principio fundamental en las sociedades democráticas y constituye un límite constitucional al margen de configuración del legislador en materia pensional.

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, señala que «las mujeres tenemos una vida laboral más interrumpida que los hombres debido al rol de cuidado, la maternidad y los roles de cuidado en el hogar, lo que nos lleva a tener periodos en los que no podemos cotizar, lo que afecta nuestra pensión». Esto lleva a que las mujeres acepten «trabajos flexibles, informales en los que no se cotiza o en los que no existe un camino de vinculación obligatoria al sistema de pensiones, lo que afecta nuestra capacidad para obtener una pensión adecuada».

Se recordó que en una jurisprudencia reciente (C-197 de 2023), la Corte enfatizó que el principio de igualdad «exige garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad material de resultados de las mujeres en el acceso a las prestaciones y garantías del sistema pensional». Además, de acuerdo con los artículos 13.2, 43 y 48 de la Constitución y considerando la discriminación y la brecha de género en el acceso a la pensión de vejez, «el legislador tiene la obligación de adoptar medidas afirmativas en favor de las mujeres en materia pensional».


La Corte señaló que esto se hace con el propósito de garantizar la igualdad y el trato equitativo entre hombres y mujeres en materia pensional, superando así las barreras y consolidando los derechos y garantías pensionales que podrían considerarse como formas de discriminación indirecta.

En cuanto a los magistrados, Antonio José Lizarazo Ocampo salvó su voto. La magistrada Cristina Pardo Schlesinger salvó parcialmente su voto, mientras que las magistradas Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

Fuente: Colprensa

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