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Víctimas solicitan a la JEP ampliación de medidas cautelares en otros cementerios de Santander.

Durante una audiencia de seguimiento en Cimitarra, Santander, asociaciones de víctimas han instado a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a extender medidas cautelares a varios lugares de la región donde podrían hallarse restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

La solicitud incluye la ampliación de medidas cautelares al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra y al cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare. Además, se pide que estas medidas se apliquen también en los cementerios de Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y al corregimiento de La India.Según la JEP, existen antecedentes que respaldan esta petición, como el caso registrado en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, donde la comunidad, de manera humanitaria, ha sepultado cuerpos sin identificación que han sido encontrados.Un familiar de las víctimas del conflicto armado en la zona manifestó: «Muchos desaparecidos eran arrojados al río Carare y enterrados por pescadores sin identificación. Necesitamos saber si estos restos están allí».Estos hechos son relevantes para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con paramilitares o terceros civiles.Se sospecha que en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en las afueras del casco urbano, miembros de la fuerza pública habrían sepultado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, acusados de tener vínculos con grupos al margen de la ley.La JEP informó que en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos sin ningún protocolo para su identificación. Aunque se llevó a cabo una intervención de búsqueda entre 2015 y 2017, aún hay cuerpos sin recuperar en el lugar.La magistrada Reinere Jaramillo, quien preside la audiencia en Cimitarra, destacó: «La desaparición forzada es un acto atroz que niega la condición humana. Los familiares enfrentan la dualidad entre la esperanza del regreso de sus seres queridos y el temor a su pérdida definitiva».Se estima que más de 1.000 personas aún permanecen desaparecidas en la región del Carare – Opón como resultado del conflicto armado que azotó esta zona de Santander. La ampliación de las medidas cautelares podría ser un paso importante hacia la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

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